La crisis provocada por las autoridades alemanas al señalar el pepino de Almería como origen de la epidemia de E. Coli, desató una ola de indignación y patriotismo en la sociedad española, y especialmente en algunos medios de comunicación. Un vegetal que, como la mayoría en esta provincia, es cultivado por inmigrantes que trabajan, en muchos casos, en condiciones de esclavitud moderna.
27.09.2011 · Patricia Simón · Fotos: Javier Bauluz
Chabola en medio de los invernaderos almerienses (Javier Bauluz / Piraván)
Chabolas en medio de los invernaderos almerienses (Javier Bauluz / Piraván) Fotografías realizadas con Hipstamatic for iPhone, Lens: John S Flash: Off Film: Claunch 72 Monochrome
Miles de kilómetros de caminos de tierra flanqueados por muros de plástico que dejan pasar la suficiente luz para cultivar un negocio de 2000 millones de euros anuales y que, a su vez, ocultan la explotación de las miles de personas que lo hacen posible. Cuarenta grados bajo un sol aplastante que pueden superar los 50 dentro de este mar de toldos que cubre buena parte de la provincia de Almería, más de 350 kilómetros cuadrados, y que ha convertido esta frontera sur de Europa en un laboratorio industrial, económico y social.
Captura de pantalla de parte de la provincia de Almería cubierta por invernaderos de Google Maps
El polvo levantado por el coche se suma a las capas que van opacando los plásticos y que, junto al efecto destructor del sol, obliga a cambiarlos anualmente por esos hombres que vemos encaramados a escaleras y vigas, y entre los que aún se emplea algún español. Los únicos letreros que salpican el camino son los que anuncian “Berenjena Shakira. Eficaz, rendimiento elevado y homogéneo” o “Pimiento california de maduración en rojo para transplantes tardíos”, algunas de las nuevas variedades de la temporada. En esta colmena las calles no tienen nombres ni señales descifrables para los ojos de un visitante, pero están plagadas de ellos para sus habitantes. Por ejemplo, a la vuelta de una esquina, un montículo de basura putrefacta atravesada por un reguero verdoso procedente de una casetilla de madera, anuncia que hemos llegado a uno de los más de 100 núcleos chabolistas de la provincia en los que viven los trabajadores en situación más mísera.
Hakim es uno de ellos. Sale a recibirnos junto a otros hombres marroquíes que durante los últimos tres años han ido construyendo sus refugios con palés y restos del omnipresente plástico de unos cultivos que producen dos millones y medio de toneladas de residuos al año. Desde este alto, la vista se pierde en un horizonte que en algún punto desemboca en el mar Mediterráneo, el que les separa unos 200 kilómetros de su país, mientras ellos bucean en ese otro océano bajo el que desfallecen para conseguir su sustento.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Saludan cordialmente, pero serios. Son las once de la mañana y no están trabajando. No es poco habitual. La crisis desatada a finales de mayo por la acusación de las autoridades alemanas que señalaba el origen de la epidemia sanitaria de la bacteria E. Coli en Almería, y que se cobró la vida de más de 30 personas y 3.000 afectados, según el Centro Europeo de Control de Enfermedades, hundió las exportaciones almerienses. A ello hay que sumar el fin de la temporada de cultivos como el tomate y la sandía, de los más importantes en esta época en la región.
Hakim viajó desde Tánger hasta Barcelona en los bajos de un camión cuando tenía 19 años. Más o menos dos días de viaje, resistiendo su propio peso, el terrible calor del motor y el temor a caer y morir atropellado. Eso sólo por apuntar algunos de los pensamientos que atravesaron la mente de éste y de los cientos de jóvenes que han llegado por esta vía a la Península. Algunos murieron en el viaje.
Hakim en la chabola que comparte con su primo y un amigo (Javier Bauluz / Piraván)
Hakim tiene ahora 22 años, una sonrisa que parapeta un discurso agrio y que rompe en forma de risa en los momentos de mayor gravedad. “Mi padre me decía que me quedara, pero yo había visto a muchos amigos que cuando volvían a Marruecos lo hacían con coche, dinero, casa… Y yo quería eso. Escuchas que la cosa está mal aquí, pero nosotros sólo queremos España”.
Estamos dentro del cuartucho que Hakim comparte con un primo y otro amigo. El suelo es la misma tierra que apenas rozan los cultivos de los invernaderos en Almería. Las paredes, los palés y plásticos sobrantes. El zumbido de unas moscas pegajosas que apenas se inmutan ante los manotazos electrifica el caluroso ambiente. “Cuando hacen falta trabajadores, el jefe viene y coge la gente que quiere. Cinco personas o seis. Vamos al invernadero y es trabajar, trabajar, y trabajar. Cogemos sandías, tomates, quitamos las hierbas… Todo el trabajo del invernadero durante ocho horas. Cuando termina el día pagan 20, 25 euros. No hay contrato, no hay nada”.
Al caer la tarde los caminos de Almería se llenan de bicicletas. Es el transporte más utilizado por los trabajadores. Lo que vemos al fondo es la cocina de la chabola de Hakim (Javier Bauluz /Piraván)
Y ahí comienza una de los callejones sin salida que mantiene a miles de personas en la clandestinidad y en la vulnerabilidad. Hakim no tiene un contrato y como consecuencia de ello, no puede solicitar el permiso de residencia pese a que ya podría acogerse al período de los tres años de arraigo que establece la ley. A su vez, al no tener permiso de residencia no puede aspirar más que a la clandestinidad y al temor paralizante y contínuo de ser deportado después de tantos años de sufrimiento, y a la explotación practicada por algunos empresarios agrícolas. El último convenio firmado entre éstos y los sindicatos establecía en 44 euros el salario mínimo por una jornada de ocho horas. Pero entre los trabajadores con los que hemos podido hablar, los mejores pagados son los rumanos, con un jornal medio de 35 euros. Y, según Hakim y otras fuentes, los peor pagados son los subsaharianos, y a los que en cierta medida perciben como competencia desleal: “Los negros trabajan por diez o quince euros. Pero cuando el tomate vale mucho dinero, se paga entre 70 u 80 céntimos el kilo. El jefe gana entre 5000 y 7000 euros por un camión y nosotros cogemos un camión en dos o tres horas y nos paga unos nueve euros”. Cifras que se van encajando en un cuadrante en el que los márgenes de beneficio van aumentando exponencialmente hasta llegar a la mesa del consumidor, donde por un kilo de tomate se puede llegar a pagar en las grandes superficies más de 1,50 euros.
Mientras, las autoridades públicas y las organizaciones de empresarios agrícolas mantienen que en Almería hay tantos trabajadores no contratados como en cualquier otra región. Pero la crisis del pepino ha terminado de desvelar las contradicciones entre el discurso y las cifras oficiales. El cruce de datos es inmisericorde con las posturas oficiales. España es el segundo exportador de frutas, verduras y hortalizas del mundo, y Almería es la tercera provincia con mayor peso en este sector, después de Murcia y Valencia: el 18,3 % del total aportado por el país. En 2010 se exportaron 3,7 millones de toneladas según datos de las cooperativas, por un valor de 3.640 millones de euros. En el caso concreto de los pepinos y pepinillos, que proceden de esta provincia en un 87%, fueron 450.000 toneladas las que se dirigieron a la UE en 2010, mayoritariamente a Alemania, según datos de Aduanas en el mismo año. Un sector estratégico de la economía española que según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, sufrió unas pérdidas semanales de 200 millones de euros durante la crisis del pepino.
Producción agrícola Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Como consecuencia de todo ello, el sindicato mayoritario, UGT-Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITG), lamentaba que 50.000 trabajadores españoles se hubieran visto afectados por la crisis. Pero los datos publicado por el Ministerio del Trabajo e Interior sobre el mes de junio de 2011 revelan que el paro agrícola en junio sólo aumentó en 390 personas respecto al mes anterior. Y si lo ampliamos al sector servicios, que abarca tareas como la manipulación o el transporte de los alimentos, el aumento fue de 1162 trabajadores desempleados.
Chabolas en una nave industrial abandonada (Javier Bauluz /Piraván)
Ambas cifras son menores que las de junio en 2010, un mes en el que han acabado temporadas importantes, por lo que suele aumentar el paro. Pero es más, este año había 1.000 afiliados más en la Seguridad Social en el Régimen especial agrario, pasando de 40.800 a 41.900 trabajadores en este sector. Unos datos que difícilmente pueden corresponderse con un revés económico que efectivamente supuso que dos toneladas de vegetales terminaran diariamente en los vertederos y que, sumado a las
constatación sobre el terreno y a las denuncias que durante años llevan haciendo ONG y sindicatos como el Obrero del Campo, inevitablemente nos llevan a calcular que miles de personas tienen que estar trabajando sin contrato en esta provincia. 
Contratos obras y servicios y temporales por producción el grueso. Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Unas conclusiones que terminan de apoyarse en los resultados del último padrón de 2010: el número de extranjeros registrados en la provincia almeriense se multiplicó por 9 en la última década. De los 15.000 empadronados en 1999 a los 170.000 nuevos habitantes empadronados en 2010 128.000 eran extranjeros. De ellos, 65.000 proceden de países de la Unión Europea (28.000 de ellos, de Rumanía), y la otra mitad de Marruecos (38.000), Latinoamérica (19.000), el África subsahariana (13.000) y países europeos no comunitarios (5.200), por este orden. Es decir, Almería ha aumentado su población con unos 90.000 extranjeros procedentes de países empobrecidos, en una proporción de entre 65 y 75 por ciento de ellos hombres. Pero el número de afiliados al régimen especial agrario sólo es de 41.000 personas, incluyendo a los españoles.
Para contrastar estas informaciones con las tres principales asociaciones de empresarios agrícolas almerienses, nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Jóvenes Agricultores de Almería (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Empresas Cosecheras – Exportadoras de productos Hortofrutícolas de Almería (COEXPHAL). Sólo la primera ha contestado a nuestras preguntas a través de su gabinete de prensa. A la cuestión de cuántas personas calculan que trabajan sin contrato en la provincia de Almería la respuesta es contundente: “Mi respuesta tiene que ser que cero”. Sobre cuánto se está pagando por la jornada de trabajo, la portavocía de ASAJA mantiene que se está pagando por encima de los 44 euros estipulados por convenio “porque, en ocasiones, se da alojamiento, comida, bebida… servicios que no están contabilizados”.
Spitou Mendy en una sede del SOC (J. B. /Piraván)
Spitou Mendy, un senegalés licenciado en Filología hispánica y profesor de español en su país que emigró a Europa “como todos, porque somos refugiados económicos”, se ha convertido en un rostro conocido en los últimos años. Como portavoz del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), ha puesto cara y voz a la organización más combativa contra la vulneración de los derechos básicos de estos trabajadores. Tras ver y oler la miseria tercermundista en la que viven estas personas como si de un submundo invisible o escandalosamente ignorado por la administración, pero también por el rostro rico y desarrollista que le rodea, su discurso combativo y sin remilgamientos parece ser uno de los pocos que se hace eco de la miseria que ahoga a estos trabajadores. “Que el delegado de agricultura de la Junta de Andalucía diga que aquí no hay más personas indocumentadas trabajando o sin contrato que en otros lugares de Europa es… Lo que ocurre es que esta mano de obra no tiene coste añadido. Y eso se llama estafa. La Administración está ayudando a que se hunda este país. Y que yo, un ciudadano extranjero sepa explicarlo y decirlo, les parece mentira. Les parece imposible que un inmigrante sea capaz de hacer un análisis de la situación social”.
Datos básicos de Andalucía 2010 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Desde el lado de los empleadores, de los empresarios agrícolas, hay que contar con las peculiaridades de la agricultura intensiva. Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, recoge las dificultades administrativas que encuentra este colectivo para hacer contratos: “El convenio para el sector establece que los contratos deben tener un año de duración. Y la agricultura aquí es estacional y con picos de trabajo puntuales muy importantes. Además puede haber imprevistos, como una epidemia o lo que ha pasado con el E. Coli, que no haya trabajo, y al empresario se le penaliza por tener contratado al trabajador sin cobrar. A los agricultores no les interesa no tener contratada a la gente y exponerse a multas de 60.000 euros, pero el marco legal no se adecua a la realidad de estos cultivos”.
Eso mismo nos cuenta un agricultor que espera a una cuadrilla de hombres y mujeres rumanos para recoger un camión de perfectas y casi idénticas berenjenas. Es joven y con una musculatura de gimnasio. Es hijo de agricultores, licenciado en Informática, que terminó haciéndose cargo del negocio familiar “porque esto al final tira”. La tierra, perfectamente trazada en hileras de plantas del mismo tamaño, compactada y de color plomizo, muestra cómo ya no se fertiliza con abono natural. La agricultura intensiva se ha complejizado significativamente en la última década y la provincia no ha sabido subirse al carro, según este agricultor: “Es increíble que no haya una sola empresa de capital local que comercialice semillas, fertilizantes, o una sola conservera para envasar los tomates magullados que se van a Murcia o Valencia para convertirse en tomate frito”. Miguel Ángel tiene claro que las pérdidas ocasionadas por la acusación de las autoridades alemanas no se van a recuperar, pero añade que no es el único problema. “Hay veces que los precios son tan bajos que no merece la pena venderlas. Por ejemplo, el kilo de berenjena se paga a 10, 15 o 20 céntimos. Entonces las dejo en el arcén del camino, no mucho tiempo porque multan, por si las quiere recoger alguien”.
En un artículo publicado por el miembro del Consejo Científico de ATTAC, Gustavo Duch, sobre la epidemia del E. Coli, apuntaba: “El sistema en cuestión ha sido diseñado para producir algo parecido a alimentos, a costes muy bajos, tanto económicos, sociales como ecológicos; pero que puedan producir altos beneficios a quienes se dedican a su comercialización. Los alimentos, lejos de considerarlos como una necesidad y un derecho, se entienden como una mercancía sin más”. Y para seguir esa máxima, el margen de beneficio debe ser el mayor posible. En el caso del pepino, Duch calcula que “los esfuerzos para cultivar, regar y cosechar un pepino, representarán para el agricultor o agricultora 0’17 euros por kilo vendido. La población consumidora pagará 1’63 euros por kilo. Es decir, un incremento superior al 800%“.
Una joven rumana recoge berenjenas en el invernadero de Miguel Ángel (Javier Bauluz / Piraván)
Hay tres fórmulas de comercializar las cosechas: venderlas a las distribuidoras como Carrefour o Aldi–que controlan el 60% del comercio de la UE–, directamente a los comercios o a cooperativas. Miguel Ángel lo hará a una distribuidora con la que ya tiene el precio apalabrado antes de sembrarlas. Es más bajo que el que por ejemplo obtendría si estuviera asociado a una cooperativa, pero más estable y asegurado con anterioridad: 30 céntimos el kilo. En los supermercados se venderá a una media de un euro el kilo. Tres mujeres y un hombre rumanos recogen junto al agricultor el camión de berenjenas. “Les pago 35 euros por la jornada de 8 horas. Aquí trabajas hoy, cobras hoy”.
De los 210 millones de euros de ayudas aprobados por la UE tras la crisis del brote de E. Coli, 37 irán destinados a a los empresarios españoles afectados -aunque el gobierno español pidió 71- y que no recibieran subvenciones previamente por de la Política Agraria Común (PAC), unos 6.500 agricultores que recibieron 7 millones de euros este año. Según el portavoz de ASAJA, los empresarios agrícolas ya han empezado a recibir las resoluciones de las cifras que recibirá cada uno. A la pregunta de si los trabajadores recibirán parte de esas ayudas, responde: “No, los trabajadores tienen otras vías para recibir indemnizaciones”. Sin embargo, los miles de trabajadores indocumentados y sin contrato que no pudieron trabajar esos días, que, por tanto, no recibieron jornal alguno y que en muchos casos tuvieron que ser atendidos y alimentados por la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, no se beneficiarán de forma alguna de estas grandes cifras. Cantidades que en muchos casos serán recibidas por empresarios que utilizan “mano de obra esclava”, como ha sido catalogada por la reputada institución Internacional Anti-Esclavitud, y que si estos periodistas encontraron sin ninguna dificultad, resulta cuestionable que no lo haga el Ministerio de Trabajo, por ejemplo.
Tejado de las chabolas construidas en una desvencijada nave industrial (J. B. /Piraván)
Éste es el caso de un grupo de hombres subsaharianos que viven al lado del poblado chabolista de Hakim. Comparten una casa y mientras uno de ellos cocina, el resto espera sentado en unos sofás con el escay desgastado hasta casi la transparencia y otros sentados junto a la puerta. Seguimos rodeados de invernaderos, con una alberca cerca que el propietario de esta casa les deja utilizar para beber y bañarse, pero no es potable, por lo que tanto ellos como Hakim y sus vecinos tienen que gastar una importante parte de sus ingresos en comprar garrafas de agua embotellada.
No quieren hablar, llevan tiempo sin trabajar y no ven luz al final del túnel. No conocen a compañeros que estén pudiendo regularizar su situación, su comida suele estar compuesta de las verduras que encuentran en los arcenes o que algunos de sus empleadores les dan, como ahora, una gran fritada de pimientos con cebolla y tomate, y apenas pueden enviar dinero a sus familias. Hace mucho calor en este salón a oscuras, están cansados de no tener trabajo y del racismo. En la escala social, ellos son los últimos.
El sindicalista Spitou nos recibe en un bajo convertido en centro del SOC, en un barrio de la periferia de El Ejido, la localidad donde un brote de xenofobia en el año 2000 llamó la atención de los medios nacionales e internacionales cuando tras el asesinato de una joven a manos de un inmigrante marroquí con problemas psicológicos, como ya habían avisado conocidos suyos que habían pedido que recibiera tratamiento o un internamiento que nunca se produjo. El caso desató que parte de la población local española se lanzase a la caza del inmigrante: decenas de sus casas y comercios fueron incendiados y durante días, muchos de ellos no salieron a la calle por miedo a ser atacados.
Inmigrantes en una asamblea, escondidos entre los invernaderos de El Ejido en el año 2000 (J. B. / Piraván)
Su alcalde, del Partido Popular por entonces, Juan Enciso, jugó un papel fundamental no sólo a través de la omisión de su obligación de asegurar la seguridad ciudadana, sino también a través de sus contínuas declaraciones en las que justificaba la reacción racista por el ambiente de inseguridad supuestamente creado por la inmigración. El entonces presidente del gobierno José María Aznar le apoyó al declarar “que era muy fácil criticar cuando no se estaba allí”, pero el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, pidió que se trabajara por la integración y criticó que se atrajera a los inmigrantes como mano de obra y que después se les negase sus derechos como personas.
El resultado de esta desavenencia fue la dimisión de Pimentel y la continuación de Enciso como alcalde, incluso después de ser expulsado del PP y montar su propio partido, el PAL, y conservar su puesto como regidor de El Ejido durante los 8 meses que pasó en prisión por cinco graves causas que sigue teniendo pendiente, vinculadas con una importante trama de corrupción. El alcalde que soltaba a quien le preguntara, sin pudor, que “a las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos, a las ocho de la tarde sobran todos” gobernó 20 años El Ejido, músculo y ejemplo de un desarrollismo insostenible que arrasa Almería.
La Policía detiene a un inmigrante por protestar contra los ataques xenófobos en El Ejido en el año 2000 (Javier Bauluz / Piraván)
Spitou ha vivido esta última década, histórica por un crecimiento económico sin parangón, como trabajador y sindicalista. Y no ha visto ninguna evolución. “Diez años llevo en Almería y siempre he cobrado lo mismo. Cuando llegué, el inmigrante tenía un valor, el empresario tenía que salir a buscar la mano de obra. Hoy la precarización es una gran bolsa de mano de obra indocumentada destinada a abaratar los costes de producción. Y de ahí hemos retrocedido a siglos atrás, en vez de avanzar. Estas personas que vienen a hacer posible el único sistema que puede salvarnos de la crisis, porque la gente sigue comiendo, la agricultura sigue y todo el mundo compra a Almería. Sin embargo, los que han conseguido el permiso de residencia o la nacionalidad se han ido a buscar una vida mejor a Suiza o a Francia, a hacer lo mismo pero cobrando el doble que aquí. Almería no integra, no forma, no educa. Almería explota“.
“Lo único que piensan de nosotros es que somos fuerza de trabajo, no tenemos historia, ni derecho a ser personas con dignidad. Pero yo vengo de un país con cultura, tengo formación y muchos inmigrantes, como yo, tenemos formación universitaria, pero somos refugiados económicos. Muchos compañeros han tirado la toalla. Después de tantos obstáculos han terminado por creerse que no valen nada. Pero hay que ayudarles a recuperar la autoestima. Si no, nos matan vivos. Lo están haciendo, la explotación a tope y el mensaje de ‘tú no tienes que saber nada, lo único, rendir’. Y los que tenemos voz para decirlo no somos amigos, hay que ir a por nosotros”.
Spitou parece cansado. Y lo está. Acaba de pasar dos días mostrando el subdesarrollo que habita en Almería a un equipo de periodistas del norte de Europa que han venido a hacer un documental. Pero no es cansancio físico el que debilita a Spitou, es con el que cargan los defensores de derechos humanos donde son pocos los que se atreven a alzar la voz y donde la respuesta inmediata es el acoso o el aislamiento. A éstos tuvo que enfrentarse cuando acompañó y figuró en un reportaje del prestigioso periódico británico The Guardian, titulado “Los cultivadores de las ensaladas de España son esclavos modernos, según las ONG”. La prensa y las autoridades locales se lanzaron a desmentir el contenido de la noticia, y a acusar a Spitou y al SOC de perjudicar la imagen de la provincia. “Es una vergüenza que una sociedad civilizada, moderna, se comporte hoy así. Si hay gente que está reclamando algo tan básico como que la gente que trabaja de ocho de la mañana a nueve de la noche no gane menos de 37 euros, y los convenios dicen que tienen que cobrar 44 como mínimo… Pero nadie quiere pagar eso a los inmigrantes. Claro que hay españoles que lo cobran, como hay españoles que cobran el subsidio del paro gracias al trabajo del inmigrante que no está contratado. Pensamos que somos esclavos porque nos obligan. Ésa es la base de la servidumbre y hay que aceptarlo para poder comer“.
ASAJA defiende que definir estas condiciones de trabajo como esclavitud “está sacado de lugar. Es un trabajo duro, tanto que ha habido etapas en las que los españoles no han querido hacerlo por sacrificado”.
Pero el entramado de “servidumbre”, como lo llama Spitou, de “explotación laboral”, como lo catalogan otras organizaciones y sindicatos, o de “esclavitud moderna”, como lo denomina la ONG Internacional Antiesclavitud, no se limita a los trabajadores de los invernaderos. El disparatado crecimiento económico almeriense se visibilizó no sólo en el número de coches matriculados anualmente –20.000 turismos entre 2004 y 2007, frente al descenso a sólo 12.000 en 2008, con la llegada de la crisis–, o en los ‘brotes verdes’ en forma de llamativos jardines en las numerosas nuevas rotondas de El Ejido, sino que también los luminosos de los clubs de alterne se multiplicaron en la carreteras. Y en los ángulos muertos de carriles, invernaderos y chabolas, también las bicicletas descansan aparcadas ante cuartuchos desconchados. Es el hogar de las esclavas de los esclavos.
Continuará.
Chabolas (Javier Bauluz / Piraván)
O assentamento da reforma agrária João Gomes, que fica na Grande Mucatu, em Alhandra, no Litoral Norte, está cercado para a Polícia Militar para o despejo de índios e trabalhadores rurais que ocuparam a área desde o início deste mês. O deputado Frei Anastácio, que tenta intermediar o conflito, denunciou que foi agredido por policiais (veja abaixo).
